La Consejería de Derechos Sociales de Cataluña, sindicatos y patronales de atención a la dependencia han firmado un acuerdo para aumentar las tarifas de los servicios más del 9 %, con el fin de mejorar la calidad de la atención y los sueldos de los profesionales del sector de la dependencia. La iniciativa incluye una renovación de la Cartera de Vacaciones con familia, amigos y en el barrioServicios, una política de calidad y la creación de una comisión de diálogo social permanente.

El documento fija para 2023 un aumento del 4 % y añade un pago extraordinario equivalente al 2 % para hacer frente al incremento de los costes energéticos. Asimismo, el acuerdo compromete un incremento del 5 % de media el año que viene. Según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), “es un acuerdo amplio que ilusiona, una hoja de ruta que marcará un antes y un después en el sector de atención a la dependencia. Notamos que hay una voluntad política y también por parte de las patronales y el resto de los agentes implicados”.

La presidenta de ACRA, Cinta Pascual valora muy positivamente que se hable de equiparar las condiciones laborales de “nuestros profesionales a las que tienen en el sector público”. También es positivo, por otro lado, que se reconozca el sector como “infra financiado” y alerta a la administración que harán falta más recursos para que el acuerdo pactado “sea viable”.

Los servicios a los cual hace referencia el acuerdo incluyen los ámbitos de las personas mayores, la discapacidad, la salud mental, la infancia y la adolescencia, la acogida y la adopción, la atención temprana, el apoyo a la autonomía, las drogodependencias, VIH/sida y las tutelas.

Para mejorar la calidad de estos servicios que prestan las entidades sociales, Gobierno, patronales y sindicatos han pactado que los incrementos repercutan, entre otros, en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector, en el marco de la negociación colectiva. En este sentido, las patronales se han comprometido a trasladar el aumento de tarifas a una mejora salarial de forma, como mínimo, proporcional. El objetivo es que el personal de la red de servicios sociales concertados o con financiación pública de Cataluña avancen hacia unos salarios justos, dignos y equiparables a los del sistema de salud y al de función pública. Igualmente, se plantea en el medio plazo lograr la indexación salarial de los servicios concertados con la evolución de los servicios públicos.

Para formalizar el incremento del 4 % previsto el 2023, que será retroactivo el 1 de enero, el Departamento de Derechos Sociales de Cataluña publicará el mes de junio la orden de actualización del coste de referencia de los Servicios Sociales, así como de determinados servicios que figuren inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) como servicios experimentales. El Gobierno invertirá 58,7 millones de euros para asumir este incremento.

En el marco del acuerdo, Derechos Sociales se compromete también a revisar este año los importes de las prestaciones económicas vinculadas (PEV) para personas en situación de dependencia, para mejorar la progresividad y con un incremento mediano del 15 %. Esta medida supondrá una inversión de 28 millones de euros por parte del Gobierno catalán.

Por otro lado, en el decurso de la negociación se ha hecho patente que la coyuntura internacional extraordinaria ha provocado un aumento de los precios de la energía que ha impactado de forma directa a los servicios de la red catalana de servicios sociales y en los costes otros suministros. Para hacer frente a estos gastos sobrevenidos, Derechos Sociales hará este 2023 una aportación única y extraordinaria de 29,3 millones de euros, lo que equivale al 2 % de las tarifas establecidas. Este año se monitorizará la evolución de los costes energéticos y alimentarios para determinar si este incremento se incorpora a las tarifas en ejercicios futuros.