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Acceso a los servicios previstos en la Ley de Dependencia y, en ocasiones excepcionales, a prestaciones económicas.
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Recibir información completa y de manera continuada en el tiempo, relacionada con su dependencia.
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Ser avisado si los procedimientos que se le apliquen necesitan de su autorización.
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A la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos personales.
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Participar en la formulación y aplicación de políticas que afecten a su propio bienestar.
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Decidir sobre la tutela de su persona y bienes.
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Decidir libremente sobre su ingreso en centro residencial.
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